Refuerza Gaona defensa ciudadana contra abusos inmobiliarios
Eduardo Gaona, Coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para modificar la Ley que Crea el Registro Estatal de Asesores Inmobiliarios a fin de establecer y reforzar los medios de defensa ciudadana ante posibles casos de abuso en la compra y adquisición de inmuebles.
Y es que, es común que se den casos fraudulentos en la venta y compra de predios y desarrollos, de los que son víctimas los ciudadanos, ya que los desarrolladores en ocasiones cometen ilícitos al vender predios.
Y ante esta situación, se propone la denuncia popular como medio de defensa, la cual se realizará ante la Secretaría de Economía estatal, dependencia que tendrá la facultad de dar seguimiento a la denuncia ante el Ministerio Público en representación de la gente.
Gaona explicó que la denuncia penal se impondrá en los casos en los que los nuevos proyectos inmobiliarios realicen actos que contravengan a dicha Ley, como la invasión de áreas naturales protegidas, por ejemplo, La Huasteca y el Cerro de las Águilas.
Asimismo, permite más certidumbre jurídica en las transacciones inmobiliarias ya que dicha Secretaría podrá recibir y emitir resoluciones de las denuncias populares.
El Coordinador de la Bancada Naranja expuso que la iniciativa nace ante el constante crecimiento de la zona metropolitana, ya que hace evidente la necesidad de buscar un equilibrio ante la creación de nuevos proyectos inmobiliarios.
“Muchos desarrolladores habitacionales han estado construyendo en zonas que se consideran como zonas protegidas pues representan parte de los pulmones naturales de nuestra zona metropolitana”, dijo el legislador emecista.
“A pesar de las leyes federales en la materia y en los delitos tipificados contra el medio ambiente muchas de estas construcciones siguen llevándose a cabo por los procesos fraudulentos y la mala fe de los agentes inmobiliarios”.
La iniciativa también contempla que ante la posibilidad de que cualquier ofrecimiento de la propiedad raíz, que se haga a pesar de saber que existe un impedimento legal para realizar la transacción, se proceda con la denuncia ante el ente regulador de los servicios inmobiliarios.