PROPONE LORENA DE LA GARZA CANDADOS A LAS LICENCIAS TEMPORALES QUE SOLICITE EL GOBERNADOR

Con el propósito de que los gobernadores del estado permanezcan más tiempo en sus encargos y no abandonen sus responsabilidades para buscar alguna candidatura a la presidencia de la república, la Diputada Lorena de la Garza presentó dos iniciativas de reforma constitucional.

“Hoy estoy presentando esta iniciativa, en conjunto con mi compañera diputada Jessica Martínez y la licenciada Isabella Leal, llegamos a un análisis en el que, sibien no podemos negarle a ningún mexicano votar y ser votado, si podemos ponerle candados más estrictos a las solicitudes de licencia; buscamos principalmente tres aspectos en la parte de la propuesta de la reforma de la Constitución local”,  

“Uno, que sólo se pueda pedir licencia cuando ya va más de dos terceras partes del mandato por el que fue electo, para que los gobernadores no quieran, cuando apenas van empezando su sexenio, irse a buscar otra aventura electoral, dos, que no se puedan ir cuando Nuevo León tenga un estado de emergencia o una crisis decretada de seguridad, de medio ambiente de femenicidios y por último, que también el Congreso pueda determinar la gravedad de las causas que componen esas crisis”, comentó la legisladora. 

Por otra parte, propuso reformar el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que, entre los requisitos para aspirar al cargo de Presidente de la República, sea necesario que los titulares de los poderes ejecutivos en los estados tengan que separarse de su encargo un año antes del día de la elección.

“En la parte que estamos presentando a la reforma a la Constitutción federal, ésta se trata de que los funcionarios que quieran contender por un puesto diferente al que ostentan, se separen de su encargo un año antes del día de la elección y sólo los estamos poniendo para los funcionarios que se señalan en el artículo 82 de la Constitución federal, que no es para todos los cargos”, enfatizó De la Garza.

De esta manera se inhibe que los políticos utilicen el cargo de gobernador o de secretario de estado como un trampolín para sus aspiraciones personales, en perjuicio de los ciudadanos, quienes brindaron la confianza a los gobernantes.