Armando Víctor Gutiérrez busca proteger al sector ganadero de Nuevo León

El diputado Armando Víctor Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con el objetivo de actualizar y reforzar las sanciones relacionadas con el delito de abigeato, y ampliar las conductas que podrían ser sancionadas por actos ilícitos vinculados al sector ganadero.

La propuesta incluye modificaciones al artículo 378 y 380, así como la adición de nuevas fracciones que buscan proteger la propiedad ganadera y la trazabilidad del ganado.

“El robo de ganado continúa siendo un problema significativo en Nuevo León, especialmente para los productores agropecuarios que dependen de esta actividad para su sustento”, explicó.

Gutiérrez destacó que la comercialización ilegal, la alteración de documentos oficiales, y la manipulación de la identidad del ganado, son prácticas comunes que afectan la economía del sector y dañan la confianza en los mecanismos legales que regulan el comercio de ganado.

“La actualización del Código Penal en materia de abigeato es urgente debido a las graves consecuencias que genera este delito, no solo en términos económicos, sino también en lo que respecta a la seguridad y la salud pública”, afirmó el legislador.

La iniciativa propone penalizar conductas adicionales relacionadas con el abigeato, tales como la alteración o falsificación de documentos como registros, facturas, y guías de tránsito, así como la modificación de dispositivos de identificación del ganado, como aretes o marcas. Estas prácticas permiten que los delincuentes comercialicen ganado robado o manipulen su origen para hacerlo pasar por legal.

Asimismo, se busca sancionar la reventa o comercialización de ganado sin los debidos registros y sin garantizar su legalidad, lo que afecta tanto la trazabilidad sanitaria como la seguridad en el comercio del ganado.

En la propuesta, se contempla un aumento en las penas para quienes cometan estos delitos. Las sanciones por abigeato se incrementarán a un rango de 4 a 10 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y agravantes del delito. La reforma también introduce una serie de agravantes, como cuando los hechos sean cometidos por servidores públicos o en asociación con bandas delictivas, o cuando se utilicen métodos violentos.

Gutiérrez puntualizó que “el fortalecimiento de las penas no solo busca disuadir la comisión de estos delitos, sino también proteger la seguridad jurídica del sector ganadero y garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias, vitales para la salud pública y el comercio legal”.