GOBERNADOR VULNERA DERECHOS INDÍGENAS AL FRENAR LEY YA APROBADA

• La Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas, ya aprobada por el Congreso del Estado, no puede publicarse debido a las vacaciones adelantadas que el gobernador otorgó al Periódico Oficial, lo que frena su entrada en vigor.
• Esta omisión mantiene en estado de vulneración a las comunidades indígenas y afromexicanas, al dejar sin aplicación práctica los derechos que el Congreso ya reconoció.

La diputada Grecia Benavides, integrante del Grupo Legislativo de Morena y presidenta de la Comisión de Bienestar, Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, señaló que el Congreso del Estado de Nuevo León cumplió con su responsabilidad constitucional al aprobar por unanimidad la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas; sin embargo, advirtió que una decisión administrativa del Poder Ejecutivo ha impedido que esta reforma entre en vigor, lo que vulnera el ejercicio efectivo de los derechos que la propia norma reconoce.

Benavides subrayó que la decisión del gobernador de adelantar las vacaciones del Periódico Oficial del Estado ha tenido como efecto que la reforma permanezca sin efectos jurídicos, manteniendo a las comunidades indígenas y afromexicanas sin protección jurídica efectiva.

La Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas establece un marco integral para reconocer, proteger y hacer exigibles derechos colectivos e individuales, entre ellos la autoidentificación como criterio fundamental de pertenencia, el acceso a intérpretes y servicios públicos con enfoque intercultural, la educación intercultural bilingüe y la protección de la medicina tradicional.

La ley fue aprobada por unanimidad por el Congreso del Estado en el último día de sesiones del periodo ordinario, como resultado de la reposición del procedimiento legislativo ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tras la realización de un proceso formal de consulta con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La entrada en vigor de esta ley no es un asunto discrecional, sino una obligación constitucional ligada a la garantía efectiva de derechos humanos.

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