POLÍTICA Y GENTE
Por Pedro García
En el PRI nacional comienza a alborotarse la gallera de cara a la renovación de la dirigencia que, por ahora, ostenta Claudia Ruiz Massieu tema en el que el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo anticipa que un eventual cambio debe ocurrir mediante el voto abierto y amplio de la militancia: que no sea un “dedazo”.
En Nuevo León, en cambio, el dirigente de la CNOP, Carlos Barona apoyó abiertamente la reelección de Pedro Pablo Treviño quien, como todos los políticos, tiene simpatías y antipatías, y al final su caso debe ser resuelto por los propios priistas.
Ya son conocidas algunas posiciones en favor y en contra. Barona, apoya la reelección. Héctor Gutiérrez de la Garza, propone que en el asunto sea considerada la decisión de toda la militancia, y rechaza un proceso maquinado por la simulación.
Naturalmente que eso son, apenas, esbozos de un proceso que involucra a más factores de poder, más gente con influencia en el partido, sin embargo, perfilan circunstancias de posibles choques con saldos negativos.
Entre tanto, el PRI de Nuevo León debe conducirse con prudencia y dar satisfacción a la mayoría de sus militantes y órganos de dirigencia para fortalecerse, constituirse en una oferta política atractiva, de cara a la sucesión en el gobierno del estado.
Si el proceso de reelección o cambio del comité directivo no satisface al priismo y se ve envuelto en cuestionamientos al método, el partido se verá en apremios electorales de pronóstico reservado.
Estimamos que el ambiente preelectoral con miras al 2021 ofrece al PRI (y al PAN) posibilidades para pretender el retorno al poder estatal, no obstante la fuerza de Morena sustentada en el capital político del presidente López Obrador.
La nomenklatura priista ya sabe que si sus procesos internos toman rumbo a los desencuentros irreconciliables, a las disputas públicas, no contará con el respaldo en el próximo proceso por la sucesión de gobernador.
A su interior, los partidos pueden hacer (casi) todo lo que les venga en gana, aunque pueden ser impugnados por la militancia ante los tribunales, y esto debe ser tomado en cuenta en el comité estatal.